Estados fronterizos de México y la interrupción legal del embarazo

El derecho al aborto en los estados fronterizos de México como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas y en la frontera sur de Chiapas, Tabasco y Campeche no está legalizado por voluntad propia y  son sólo dos, los estados en los que las personas tienen acceso a la interrupción del embarazo de manera legal: Baja California y Quintana Roo.

“Las fronteras son áreas complejas y su situación con respecto al aborto es preocupante, ya que hay varios factores que la obstaculizan: la situación económica de la gente que habita en esas zonas, la migración, idioma, factores culturales y religiosos, aunado a la carencia o limitación de servicios médicos para realizar la interrupción de manera legal”, advirtió Paula Rita Rivera Núñez, gerente de operaciones de Telefem.

Datos del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios-SAEH de la Secretaría de Salud de 2017 a 2018, revelaron que se realizaron oficialmente cerca de 67 mil evacuaciones uterinas por aborto que incluyen abortos diferidos, espontáneos, incompletos, entre otros en los estados fronterizos ; sin embargo, se debe considerar que por cada interrupción médica, se hicieron  dos de manera insegura, además de que no existen registros de los abortos de las migrantes en tránsito que vivían en las fronteras y de las mujeres que de Estados Unidos cruzaron a México para realizarse el procedimiento.

Tanto las mujeres que habitan las fronteras como las personas migrantes en tránsito que no han podido cruzar, enfrentan situaciones de discriminación de género, raciales, étnicos o de clase, así como diversos tipos de violencias, y es común en América Latina, que la población fronteriza no cuente con actas de nacimiento o con documentos oficiales de identificación.

La frontera es también una región donde las mujeres están expuestas a la intensificación de los índices de violencia masculina, que como diversos estudios demuestran, se incrementan cuando las dificultades económicas reducen los recursos de las familias fronterizas.

“Los gobiernos deben educar y garantizar la anticoncepción, asegurar que las personas tengan el acceso y presupuesto para políticas públicas que implementen y promuevan la planificación familiar y la salud materna; ya que la diferencia de nuestros países, con los países europeos, es el uso correcto de los métodos anticonceptivos, los países latinoamericanos tienen bajo uso de métodos anticonceptivos y el 60% de los embarazos no planeados terminan en abortos inseguros, esto se complica aún más en un espacio fronterizo, dijo Rivera Núñez.