Poder Ejecutivo hostigando al Judicial y ahora va por su dinero.

El poder ejecutivo continúa con un constante hostigamiento hacia el poder judicial y ahora busca desaparecer 13 fideicomisos y quedarse con 15 mil 450 millones de pesos de éstos para pasarlos a la Tesorería de Hacienda, en una franca violación a los preceptos constitucionales, advierte el Consejo Empresarial Mexicano.

Con base en una iniciativa presentada por el coordinador de morena en la cámara de diputados, Ignacio Mier, cuya discusión se hará esta semana, el ejecutivo utiliza al legislativo para proponer modificaciones a un paquete de siete leyes que le permitirían al gobierno federal hacerse de dichos recursos, advierten los organismos en un comunicado conjunto.

En la propuesta del legislador, sólo el fondo de apoyo para la administración de justicia,constituido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se encuentra considerado en la ley.

Al segundo trimestre de este año, el fondo tenía 6 mil 104 millones de pesos, por lo que los 15 mil 450 millones de pesos restantes tendrían que ser transferidos a la Tesorería.

Lo anterior es parte de una ofensiva del poder ejecutivo que tiene como objetivo extinguir 13 de los 14 fideicomisos que opera el poder judicial de la federación, bajo el argumento de que éste los opera con opacidad y “principalmente para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados durante su vida”, establece la exposición de motivos de la propuesta.

El CEM consideran que el poder ejecutivo utiliza de forma nociva a la bancada de Morena en San Lázaro para robustecer su poder político, social y ahora económico.

Cabe decir que el proyecto del diputado Mier plantea que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que implicaría que sólo subsista uno de los 14 fideicomisos que al segundo semestre de 2023 sumaban 21 mil 554 millones de pesos.

El Consejo Empresarial Mexicano advierten que la estrategia de la presente administración ha sido, por un lado, denunciar públicamente supuestas complicidades del poder judicial con grupos de poder político y económico, así como deshonestidad por parte de los juzgadores, y por el otro utilizar a su bancada para generar iniciativas que no solamente dañen el patrimonio de este poder, sino que “engorden” el del proyecto gubernamental de la cuarta transformación.